La situación es gravísima. Los partidos políticos integrantes de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) expresamos nuestra grave preocupación, ante la comunidad internacional en su conjunto, por la decisión reciente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que bajo control del gobierno de Nicolás Maduro Moros declara, en la práctica, inexistente la Asamblea Nacional electa democráticamente en los comicios del 6 de diciembre de 2015, retira la inmunidad de sus diputados e instruye al mismo gobierno para que ejerza poderes absolutos, incluso apelando a la justicia militar.
Lo anterior resulta más grave en la medida en que ello coincide con el debate que sobre la ruptura del orden constitucional y democrático venezolano ha decidido llevar adelante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en aplicación de la Carta Democrática Interamericana y a propósito del Informe que al respecto presentara ante el Consejo Permanente de dicha organización su Secretario General, Luis Almagro, recomendando, como salida a dicha ruptura, que ya desborda los límites de una alteración grave de la constitucionalidad, la realización de elecciones generales.
La síntesis del Informe del Secretario General de la OEA, en su actualización, es una interpelación directa a los gobiernos de los Estados miembros y la propia comunidad internacional:
“El estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales. Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido instrumentados y ejecutados en paralelo a un proceso de mediación
que vio por esta razón socavada su credibilidad. La corrupción es generalizada y la economía va en caída libre. No hay suficiente comida; los servicios de salud son extremadamente precarios, y la profunda crisis humanitaria es de una escala inaudita en el Hemisferio Occidental. Se ignoran los derechos civiles y políticos. Todo en interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder”.
No podemos menos que destacar como alerta, por una parte, la afirmación del Secretario Almagro en cuanto a que se puso en marcha un mecanismo de diálogo concertado por el gobierno de Maduro con la Secretaría de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), sin autorización de los Cancilleres ni consulta para su estructuración a la oposición democrática venezolana, que al término sirvió para agravar, con efectos devastadores sobre el pueblo, su actual tragedia en lo económico, social, político y humanitario; y, por la otra, su señalamiento en cuanto a la colusión del régimen venezolano y sus principales titulares con el narcotráfico, el terrorismo, y la criminalidad.
En consecuencia, los partidos miembros de la IDC, saludamos la decisión mayoritaria de los miembros de la OEA en cuanto a asumir responsabilidad en búsqueda de caminos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, y lamentamos que otros Estados, en minoría, no se hayan percatado sobre el dilema moral que implica la cuestión venezolana, pues no se trata de un debate entre opciones o alternativas políticas o ideológicas planteadas en la región, democráticamente aceptables, sino del pedido – como lo hace el Secretario Almagro – de realizar elecciones generales, sin medias tintas ni maquillajes, a fin de que el pueblo venezolano pueda desatarse, sin violencia, de la narco-dictadura militarizada que lo oprime cruentamente.
Malta, 30 de marzo de 2017
Malta, 30 March 2017
