The IDC-CDI echoes the violent institutional campaign that violates the constitutional rights of the Nicaraguan citizens. We support for the recent sanctions of the EU, USA, Canada and the United Kingdom to 6 high officials. We call, once again, that the constitutional rights must be returned to Nicaraguans, reiterating their urgency regarding the situation that is aggravated by the Covid-19 pandemic.

Desde que la población nicaragüense iniciara en 2018 las pacíficas protestas contra el gobierno del Presidente Ortega por la crisis total que atravesaba el país, la situación política y social en Nicaragua ha continuado empeorando a pesar de los compromisos de Marzo de 2019 suscritos entre el gobierno y los grupos de oposición para fortalecer la democracia y los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Dichos compromisos incluían el restablecimiento de las libertades políticas y del estatus legal de todas las organizaciones civiles prohibidas o disueltas, la vuelta voluntaria de los exiliados en condiciones de total seguridad y la inmediata puesta en libertad de los prisioneros políticos junto con la suspensión de toda campaña de hostigamiento e intimidación hacia ellos o sus familias.

La realidad, sin embargo, ha sido muy distinta: cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, junto con grupos armados progubernamentales, han incrementado la represión contra los partidos de la oposición, manifestantes, organizaciones civiles, periodistas y miembros de la iglesia católica que osaran manifestarse contra el régimen de Ortega. Esta violenta campaña institucional ha provocado ya cientos de muertes, miles de heridos, innumerables detenciones arbitrarias, torturas y la censura de los medios de comunicación y de la sociedad civil.

En respuesta a todo lo expuesto, diferentes países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han reaccionado imponiendo sanciones a altos funcionarios de la administración Ortega.

La reciente decisión del Consejo Europeo de la UE en representación de sus 27 miembros de imponer prohibiciones de viaje y congelar los activos de 6 altos funcionarios orteguistas busca dar una solución pacífica y negociada a la crisis política en el país, al tiempo que constituye un claro mensaje contra el régimen de Ortega y en apoyo del pueblo nicaragüense.

La IDC-CDI, que ya se ha manifestado abiertamente sobre esta materia, apoya sin ambages la decisión tomada por la Unión Europea y solicita del Alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad un seguimiento directo de la cuestión y la ampliación de medidas contra el propio Presidente Daniel Ortega, su mujer y Vicepresidenta Rosario Murillo, así como su entorno más inmediato, cómplices todos ellos de la represión en el país.

La IDC-CDI reitera la urgente necesidad de que cesen todas las hostilidades del gobierno y que los derechos y libertades constitucionales sean devueltos a los nicaragüenses sin dilación. Asimismo, debe garantizarse la entrada de Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos y deben convocarse elecciones libres, abiertas y transparentes tras la correspondiente reforma de la Ley Electoral.

Nicaragua y los nicaragüenses merecen todo el respeto, consideración y solidaridad de la IDC-CDI. La gran familia política de centro y centroderecha quiere ofrecer todo su apoyo en la búsqueda de una solución que se hace más acuciante en estos difíciles momentos, agravados por la pandemia Covid-19 que el régimen niega y que amplía el sufrimiento de los más vulnerables.

Bruselas, 13 de mayo de 2020